Inteligencia artificial en estudios jurídicos: 5 dudas

La inteligencia artificial en estudios jurídicos genera preguntas prácticas antes que técnicas: qué datos se pueden cargar, qué dice la ley y qué pasa con los cargos junior.
Posadas, con más de 100 años de experiencia, publica en su sitio una nota del Cr. Daniel González Cotelo sobre el uso de estas herramientas en una empresa de servicios profesionales. En Uruguay, el marco legal de los datos personales es la Ley 18.331.
¿Qué riesgos tiene la inteligencia artificial en estudios jurídicos?
El primero aparece cuando el estudio no ofrece una plataforma adecuada: la tendencia es que los empleados recurran a herramientas gratuitas. Para una firma de servicios profesionales como Posadas, la nota de su sitio advierte que en muchas de esas plataformas el producto es el propio usuario, y que los datos ingresados pueden ser usados por los proveedores para sus propios fines.
La Ley 18.331 obliga al responsable de una base de datos a adoptar medidas que garanticen la seguridad y la confidencialidad de los datos personales (artículo 10). Quien interviene en cualquier fase del tratamiento debe guardar estricto secreto profesional sobre los datos recogidos de fuentes no accesibles al público (artículo 11). El sitio de Posadas incluye Protección de Datos Personales entre sus áreas de práctica.
¿Qué políticas internas hacen falta?
La nota sostiene que la IA se va a usar con o sin el visto bueno de la dirección, y que el problema aparece cuando no hay lineamientos sobre la información y el know-how del estudio. Aclara además que ni las herramientas pagas eximen de contar con políticas claras para evitar filtraciones. Propone fijar:
- qué datos pueden procesarse, cómo se manejan y almacenan y quién accede a ellos;
- medidas como la encriptación y el monitoreo continuo de las actividades de IA;
- formación del personal sobre los riesgos de cada herramienta.
La ley agrega la responsabilidad proactiva: privacidad desde el diseño, privacidad por defecto y evaluación de impacto en la protección de datos (artículo 12).
¿Qué dice la ley sobre las decisiones automatizadas?
El artículo 16 de la Ley 18.331 reconoce el derecho a no ser sometido a una decisión con efectos jurídicos significativos basada en un tratamiento automatizado de datos que evalúe aspectos de la personalidad, como el rendimiento laboral, el crédito, la fiabilidad o la conducta. La persona afectada puede impugnar las decisiones privadas que impliquen una valoración de su comportamiento cuyo único fundamento sea ese tratamiento, y tiene derecho a conocer los criterios de valoración y el programa utilizado.
Al recabar datos para ese tipo de tratamiento, el artículo 13 exige informar a sus titulares los criterios de valoración, los procesos aplicados y la solución tecnológica o el programa utilizado.
¿Qué pasa con los cargos junior?
La nota distingue un miedo racional, el de no saber si se podrá dominar la tecnología, de uno irracional, el de quedarse sin trabajo. Aun así reconoce que, en el estado actual de la IA, los cargos más junior son los que podrían estar más en riesgo.
Su razonamiento es práctico: si se contratan menos personas sin experiencia, se capacita a menos gente, y eso puede comprometer el futuro de la empresa. Por eso plantea buscar un equilibrio entre la automatización y el desarrollo del talento, y usar la IA como herramienta de apoyo para los empleados.
¿Existe una estrategia nacional de inteligencia artificial?
Sí. La Ley 20.212, de noviembre de 2023, encargó a la AGESIC el diseño de una estrategia nacional de datos e inteligencia artificial, basada en estándares internacionales y para los ámbitos público y privado. Los principios de la Ley 18.331 forman parte de esa estrategia.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030 fue aprobada el 21 de noviembre de 2024. Busca un uso ético, responsable, seguro, crítico, creativo y proinnovación de la IA, y plantea tres objetivos: gobernanza, capacidades y desarrollo sostenible. Se elaboró con aportes de más de 300 personas, entre ellas referentes de 45 organizaciones del sector privado.
La ley prevé además que la AGESIC haga recomendaciones específicas a entidades públicas y privadas sobre el desarrollo y la implementación de sistemas de IA. En diciembre de 2025, el Decreto 276/025 reglamentó los entornos controlados de prueba para proyectos con datos e inteligencia artificial: espacios de experimentación temporales, bajo la supervisión de entidades públicas competentes.
